16 de Agosto 2017
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El
panorama de invasión a la privacidad que vivimos en Puebla, como en muchos
estados de la República, es una circunstancia que atenta contra los derechos humanos
y la libertad de expresión y de pensamiento.
Desde hace 6 años que he
sido objeto de intervenciones telefónicas, sin mandato de autoridad judicial;
lo cual implica que se violaron mis derechos fundamentales –al igual que de los
defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos- por parte
de la administración pasada y del gobierno estatal actual.
Desde esa fecha he exigido
que se le dé cauce al ordenamiento legal del código penal federal vigente que
en su Artículo 177 manifiesta que “a quien intervenga comunicaciones privadas
sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis
a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa”.
El
recuento de la forma en que la autoridad estatal ha infringido en esas
conductas, lo valida lo que diversos medios de comunicación han dado a conocer
de manera puntual:
Julio de 2015
- Día
21 sale a la luz el primer contrato firmado por la firma italiana de
software The Hacking Team con el gobierno de Puebla (Diario Intolerancia)
- Día
22 el gobierno de Puebla usó el software de The Hacking Team para
espionaje de políticos, periodistas y académicos a través de virus
informáticos (exploit) y software de recolección de información (Animal Político)
Octubre de 2015
- Día
16 se publica que hubo un contrato millonario del gobierno de Puebla con
la empresa Hacking Team para el “equipamiento del llamado complejo
metropolitano de seguridad pública o c-5 con inversión de 322 millones de
pesos (E consulta)
Mayo 2016
- Día
19 se puso en evidencia el espionaje político que se vive en Puebla, con
la filtración mediática de diversos audios donde figuran personas del
ámbito local e incluso del Gobierno de la República como el secretario de Gobernación
Miguel Ángel Osorio Chong, quien además es el encargado de la seguridad
nacional (SDP Noticias)
Noviembre 2016
- Día
29 se detecta que el gobierno de Puebla interviene llamadas, geolocaliza
celulares y pide historial a empresas de telefonía para el acceso a datos
de 627 usuarios adquirió un programa de espionaje de equipos de cómputo en
siete punto cinco millones de pesos (E consulta)
Diciembre 2016
- Día
8 la Comisión para el Acceso de la Información Pública y Protección de Datos
Personales (CAIP) dio un plazo de 5 días a la Fiscalía General de Estado para
que transparentara la información sobre los actos de espionaje realizados
en el sexenio que encabeza Rafael Moreno Valle (E consulta)
En ese
contexto, como diputado federal de MORENA presenté una iniciativa para
establecer la aplicación de sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a
600 días multa y si éste fuera
funcionario público, y valiéndose de ello la realizare, se le aumentará la pena
en una tercera parte y será inhabilitado por un periodo de 6 a 12 años.
Asimismo,
señalé que sí la víctima del delito es periodista o defensor de los derechos
humanos, conforme a la ley para la protección de personas defensoras de
derechos humanos y periodistas, las penas se incrementarán en una tercera
parte.
Si quien
comete el delito es miembro de las instituciones de seguridad del estado a
nivel federal, estatal o municipal, y valiéndose de ello la realizare, se le
aumentará la pena de prisión en una mitad y será inhabilitado por un periodo de
9 a 15 años.
Estamos
en contra de aquellos que a la sombra del poder público y el influyentismo
cometen actos que atentan contra la libertad de expresión y pensamiento.
Estamos
en contra de la ilegalidad y mal uso de los recursos públicos en actividades
como el espionaje mientras las personas mueren de hambre y sus necesidades
sociales son desatendidas
En MORENA
nos debemos cuidar de la colonización que
pretende hacer Rafael Moreno Valle con los partidos políticos en aras de seguir
ostentando el poder.
Con el
PRI y sus cambios de estatutos, Moreno Valle
se perfila como posible candidato de ese partido consumando la sumisión
y la complicidad que he venido denunciando.
Condenamos
que recursos millonarios tengan fuga en asuntos con olor a corrupción y a la sombra de sueños presidenciables que
resulta una pesadilla para la necesidad social.
Por ello,
exigimos castigo para los que se dedican a espiar para chantejear.
Exigimos
castigo para los que se dedican acumular para robar.
A los que
se dedican a vestirse de gobernantes para saciar sus instintos perversos y
escalar posiciones.
Por eso
nos sumamos a que se eliminen los fueros para los altos funcionarios públicos
incluyendo a los presidentes.
Nos
sumamos a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para reformar el Art. 108
de la constitución y que se juzguen a los presidentes en funciones por
corrupción.
A favor
de la libertad y del respeto a los derechos humanos, sembremos esperanza.
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